Diferencia entre quiebra y suspensión de pagos

En estos tiempos de crisis económica muchas personas se encuentran en situación de precariedad que les impide hacer frente a sus deudas, ante esta situación, la ley contempla ciertos recursos legales a los que el deudor puede ampararse para hacer frente a sus obligaciones financieras y poder preservar sus bienes.

 

El proceso legal para resarcirse de las obligaciones ante una insolvencia, puede resultar largo y tedioso, de forma que lo más recomendable es plantearse todas las cuestiones que intervienen en el proceso por si finalmente no es posible cumplir con los requerimientos.

 

La suspensión de pagos consiste en un aplazamiento legal de las deudas del solicitante de manera que paralice cualquier acción de embargo que pudiera ser llevada a cabo por los acreedores, siempre y cuando se acredite la correspondiente de insolvencia. Transcurrido el plazo concedido, el deudor deberá hacer frente a la totalidad de los pagos sin que se produzcan ventajas fiscales sobre el interés de la deuda ni las cuotas establecidas.

 

La concesión de la suspensión de pagos, deberá ser aprobada por un juez, que tras revisar los documentos requeridos propuestos por el representante legal, determinará si la situación del solicitante se ajusta a los preceptos legales establecidos.

 

Cualquier persona puede acogerse a la suspensión de pagos siempre y cuando acredite su insolvencia, del mismo modo deberán acreditarla los comerciantes y las sociedades de carácter mercantil. Si el solicitante falsea u oculta información sobre su estado financiero, el juez podrá desestimar la petición, de la misma manera que si el interesado solicita reducciones en la deuda o sus intereses.

 

Declarase en quiebra

 

Se diferencia del primer recurso, en que la declaración del solicitante sobre su incapacidad de hacer frente a los pagos,es de manera permanente, por lo que las medidas de  liquidación no contemplan el aplazamiento, ya que una vez presentado el informe, se da por hecho que dichas obligaciones financieras superan la capacidad económica del deudor.

 

Al igual que en el caso de la suspensión de pagos, la quiebra debe ser presentada por el representante legal del interesado y supervisada por un juez de quiebras, el informe debe incluir un inventario del patrimonio del deudor, una lista de todos los acreedores, teniendo en cuenta que aquellos que no hayan sido incluidos en la lista no podrán ser liquidados y el cómputo total de deuda acumulada, más el estado actual de la situación financiera del interesado.

 

Resolución del proceso judicial en la declaración de la quiebra.

 

Dependiendo de la situación del solicitante y las características inherentes al proceso, la liquidación de la deuda puede financiarse con el embargo de los bienes o con su venta, aunque también es posible obtener situaciones más ventajosas en caso de que el deudor disponga de un mínimo de capital para cancelar la deuda, pudiéndose reducir hasta un 50% de la misma o conseguir un aplazamiento de hasta cinco años.

 

El procedimiento de quiebras en España se rige por la ley concursal, pero el elevado coste del procedimiento limita enormemente el acceso a las personas físicas, lo que evita que los ciudadanos que no puedan hacer frente a las costas judiciales se beneficien de los mecanismos contemplados por la ley para asumir  sus obligaciones financieras.

 

En cualquiera de los dos supuestos, lo más recomendable es contratar a un representante legal que vele por nuestros intereses durante el proceso, del mismo modo que nos asesore sobre el tipo de concesión que mejor se adapte a nuestro estado financiero.

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